1. INTRODUCCIÓN1

Es difícil hablar de la historia y la memoria de los movimientos lgbt en América Latina sin pensar en términos de progreso. Si consideramos la trayectoria que han andado los colectivos lgbt en nuestra región desde el siglo XX y hasta nuestros días, hay posibilidades que antes eran impensables y que ahora tienen lugar a plena luz del día, formas de patologización y control represivo que han desaparecido de nuestros marcos legales, y una presencia de sujetos de géneros o sexualidades no normativos en representaciones más o menos positivas (aunque cuestionables) de la cultura y la política. En el Cono Sur en particular, la épica de la “conquista de derechos”, que destaca los cambios logrados en el ámbito legislativo, permanece vigente desde al menos el retorno de las democracias. Esta épica legitima tanto a los gobiernos como a las organizaciones civiles que, en diálogo con ellos y muchas veces desde su mismo núcleo, lograron reformas legales identificadas como beneficiosas para las personas lgbt.

Gran parte de mi investigación se ha enfocado en ciertas limitaciones de estas narrativas que van en sintonía con las críticas contemporáneas a la idea de progreso en general. No obstante, esta crítica parte de la conciencia de lo importantes que son las historias de progreso para los grupos históricamente marginados (incluyendo los sujetos de géneros y sexualidades no normativos) y los riesgos que corren esos mismos colectivos ante un giro a la derecha de la retórica pública. Me interesa echar un ojo crítico a, por un lado, el sustento empírico que estas representaciones tienen en la vida real de las personas a las que se supone que describen; y, por el otro, la función que ellas cumplen en la vida política de las sociedades que las sostienen (en este caso, tanto los colectivos lgbt como los gobiernos percibidos como “progresistas”, las instituciones del Estado que administran, y las personas que las militan).

En este ensayo, he optado por concentrarme en las narrativas de progreso que prevalecen en el campo del activismo lgbt. Sobre todo, el activismo hegemónico: las grandes organizaciones que en cada país marcan la agenda de los objetivos del movimiento y cómo lograrlos, muchas veces en respuesta a tendencias internacionales. Me enfocaré en el caso argentino, porque es el que conozco más de cerca, pero con el objetivo de aportar herramientas a futuros análisis de si y cómo se dan tendencias similares en otros países de la región, reconociendo las especificidades de cada uno. Mi intención es identificar algunas limitaciones de sus narrativas de progreso y leerlas en paralelo a su utilidad así como a la función que cumplen en el ámbito político. Hay razones por las que estas historias fueron tan prevalecientes, y tienen que ver, a mi criterio, con la función política que cumplieron. También, con las formas en que se produce la historia y la memoria colectiva respecto del pasado; y con lo que, a fin de cuentas – aunque de forma implícita y un poco avergonzada – se refiere realmente cuando se habla de “comunidad” lgbt. Mi objetivo no es impugnar las representaciones de progreso del movimiento, sino brindar, desde la filosofía de la historia, un instrumental crítico que nos permita leerlas teniendo en cuenta sus posibles efectos adversos y algunos mecanismos de exclusión que las sustentan. Con eso en nuestro haber, podemos reevaluarlas y darles el lugar y la dimensión que merecen.

2. NARRATIVAS SEXO-DISIDENTES COMO HISTORIAS DE PROGRESO

¿Qué son estas “narrativas de progreso” y cómo funcionan? Cuando observamos las historias que se gestaron y difundieron en el seno del movimiento lgbt argentino, sobre todo – pero no sólo – del movimiento hegemónico, llama la atención una evidente trayectoria de progreso desde un pasado lejano de represión y sufrimiento hacia un período reciente de acceso pleno a derechos y a una vida digna. Por poner tan sólo un ejemplo, un Frente que nuclea a diversas organizaciones lgbt de Argentina afirmaba en 2022 que luego de una historia de violencias “hoy celebramos un nuevo tiempo con ampliación y reconocimiento de derechos” (Frente Orgullo y Lucha, 2022, s/p).

En estas historias, los problemas de las personas lgbt debido a su sexualidad o su género se conjugaban en pasado, habían quedado atrás, permitiendo a esta población vivir una vida plena casi en igualdad de condiciones con “cualquier persona” heterocis. Esto se evidenciaba en las narrativas estatales (por ejemplo en los debates sobre proyectos de Ley, en discursos presidenciales, en campañas publicitarias); en la merma o casi extinción de las estrategias confrontativas por parte de las organizaciones, que se enfocan en aspectos cada vez más micro de las vidas lgbt; en la aparición de personas lgbt en medios de comunicación o publicidades; en los discursos de los y las representantes de diversas instituciones estatales o del tercer sector en los organismos internacionales; entre muchas otras cosas. En el actual escenario político, con la reciente asunción de un gobierno que profesa un rechazo explícito por lo que denominan “justicia social”, la misma tendencia se evidencia en los discursos que resaltan que la amenaza llega ahora, que el cambio es radical y abrupto, y que el Estado como aliado y todo lo que él nos ha brindado entra – recién ahora – en riesgo.

Si ubico el énfasis en la esfera estatal es porque – como veremos – el estatismo es una pieza clave en la construcción de estas narrativas de progreso. Por ejemplo, un documento del Instituto Nacional contra la Discriminación (INADI), institución pública que abarca todo el espectro de formas de diversidad, afirma:

Desde ese año [2006] hasta la actualidad, el movimiento de la diversidad sexual ha cobrado mayor visibilidad y reconocimiento por parte de la sociedad y, principalmente, por parte del Estado, que dio lugar a diálogos, encuentros y alianzas para garantizar el respeto y ejercicio real de los derechos humanos en igualdad de condiciones y oportunidades. (INADI, s/f, p. 54, itálicas mías).

De todos modos, no se trata de un fenómeno exclusivo de los organismos oficiales. La organización lgbt más grande del país, la Federación Argentina LGBT, afirmaba ya en un documento de 2013:

En otras palabras, podemos decir que en relación a la diversidad sexual se evolucionó de un Estado que en primera instancia negó la legitimidad del colectivo LGBT en materia de ciudadanía e incluso persiguió y reprimió las expresiones de la diversidad, para – pasando por una etapa que podríamos denominar de «tolerancia» – dar luego un paso hacia el respeto e inclusión del colectivo LGBT. (FALGBT, 2013, p. 14).

Enseguida volveré sobre este tema para ensayar algunas hipótesis de por qué se da esta tendencia en la Argentina. Por ahora, quisiera mencionar tan solo un aspecto que puede servir como marco tanto para este punto como para los siguientes: el de la alianza entre los movimientos lgbt y los movimientos feministas en la Argentina. Estos últimos tienen en el país una enorme importancia histórica y un gran peso político en la actualidad, al punto tal que hay quienes consideran que estamos viviendo una “cuarta ola" del feminismo cuyo pulso lo marcan los movimientos latinoamericanos y/o del Sur Global. Para un ámbito comparativamente marginal como es el lgbt, alinearse con el feminismo ha significado, entre otras cosas, plegarse a los sentidos y las agendas que marcan el rumbo de los feminismos, que en sus versiones más difundidas están lejos de enfocarse en sujetos lgbt. En otras palabras, con frecuencia los sentidos que circulan en torno a la situación del tipo de mujeres que marca la agenda del movimiento feminista (mujeres cis, urbanas, heterosexuales, blancas, etcétera) tiñen también la forma en que percibimos la situación de las personas lgbt. Esta es una correlación que, por supuesto, dista mucho de tener sustento empírico. Y, en lo que hace al objeto de este texto, los imaginarios que dan sentido a las narrativas feministas son también imaginarios de progreso, emancipación, revolución, cambio generacional y marcha triunfal hacia adelante.

3. DE LA NARRATIVA A LA REALIDAD COTIDIANA DE LAS PERSONAS LGBT

Más allá de los cambios que referí más arriba, y que son evidentes, si observamos más de cerca los datos existentes vemos que estas narrativas de progreso no se condicen con las condiciones de vida reales de las personas lgbt tomadas como un todo. En lo que sigue me enfocaré en algunos aspectos de esta contradicción, intentando comprender en paralelo cómo es posible generar y sostener esta retórica de progreso específicamente en el caso argentino.

Hay muchas maneras distintas de abordar la pregunta de por qué nuestras narrativas fueron tomando esta forma. En este caso he optado por enfocarme en tres: los aspectos políticos, los aspectos historiográficos, y los aspectos vinculados con la participación epistémica.

a. Lectura política

Uno de los marcadores de progreso que suele citarse en el caso argentino es el de la inclusión de voces lgbt en las instituciones del Estado: personas provenientes de este colectivo formaron parte de secretarías, eran convocadas para consultorías (aunque, hay que aclarar, normalmente no rentadas) en el desarrollo de políticas específicas para el sector, e incluso en la actualidad pueden ser abiertamente gays o lesbianas e integrar el poder legislativo. Pero el ingreso en el Estado abierto por los regímenes percibidos como progresistas funcionó, tal vez como en muchos otros lugares, a un alto costo: los aspectos más radicales de la agenda debían quedar en la puerta, y la lealtad se disputaba entre la pertenencia identitaria y los lineamientos partidarios. Así se perdía gran parte del impulso de transformación que sacudía a los movimientos en sus inicios, y se redujeron las demandas a aquellas de carácter principalmente formal (tales como el derecho al matrimonio) o a otras que de todos modos sufren los mismos recortes que el resto del ámbito público2. En el documento de presentación institucional de la Federación Argentina LGBT, por ejemplo, la reconstrucción de la trayectoria de esta organización indica que ella asume “el compromiso de trabajar para lograr ‘los mismos derechos con los mismos nombres’”, y que “por eso [han] impulsado muchas de las leyes que hoy hacen de Argentina un país más justo e igualitario, vanguardia en el mundo en el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT y sus familias” (FALGBT s/f: pp. 2-3). El resto del documento consiste en una lista de trece leyes o normativas cuya discusión y sanción acompañaron, y otras seis que presentaron.

Este tipo de narrativas y las estrategias que representan, caracterizadas por el colapso entre activismo y Estado, son a mi criterio uno de los principales obstáculos al avance de cambios radicales en la esfera social. La lectura estatista y legalista constituye, además, un elemento clave para sostener las narrativas de progreso lgbt. Existen tendencias políticas que explican la primacía de esta mirada en el contexto local y, como consecuencia, la viabilidad de las representaciones de progreso que derivan de ellas. Como mencioné más arriba, en la Argentina – siguiendo una tendencia generalizada en el mundo llamado “occidental” – el enfoque legalista ha tomado cada vez más primacía. Entre otras cosas, este enfoque lee la situación política y social en términos de la existencia o no de leyes: si hay una ley que aborda un cierto tema, entonces ese tema está cubierto; si no la hay, es necesario lograrla, es una “cuenta pendiente”. Y viceversa: si hay un problema social al que se quiere responder, se necesita una ley nueva para hacerlo. En particular, dada la historia de la Argentina tiene especial relevancia el aparato legal vinculado con el marco de derechos humanos. Las mejoras sociales se miden en términos de existencia de leyes, y en particular de aquellas que refieren a lo que en un momento específico es identificado como “un derecho humano”. Además, el horizonte de lo deseable, lo posible y lo exigible debe amoldarse a lo previsto en el marco de derechos humanos (y de qué tipo de sujetos ameritan esa búsqueda) en un momento específico.

Si bien mi énfasis aquí está en la lectura política de las narrativas, cabe aclarar que no es menor su elemento historiográfico: afirmar que existe progreso es otorgar retrospectivamente un sentido a los eventos del pasado, y también al presente, y para ello precisaríamos de evidencia. En este caso, la existencia formal de leyes parece ser suficiente evidencia para asignar dichos sentidos y para reafirmar la idea de una trayectoria lineal y progresiva del tiempo. El presente puede dibujarse en clave positiva porque se evalúa en términos del marco legal existente. Incluso el activismo se mide a partir de su relación con las leyes y el Estado. Otro fragmento del documento del INADI citado más arriba ilustra este punto. Allí se afirma que tras el debate y la posterior sanción de las leyes de Matrimonio Igualitario, en 2010, y de Identidad de Género, en 2012,

el movimiento LGBTI en nuestro país se ha constituido como un actor social y político de relevancia, ha demostrado su capacidad de poner en agenda del Estado y la sociedad las demandas del colectivo, además de participar activa y visiblemente para garantizar el acceso a los derechos conquistados. (INADI, s/f, p. 55)

Aquí se evidencia cómo la madurez y capacidad política del movimiento se mide en función de su llegada al Estado, particularmente en su capacidad de impulsar la promulgación de leyes. La lengua del derecho sirve, una vez más, para congratularse, pero también para trazar implícitamente los límites de lo que es el cambio social (y un movimiento que pugna por él).

Si indagamos más en profundidad, las mismas personas que forman parte de estos movimientos, e incluso algunos documentos oficiales, como los del INADI, reconocerán que las leyes no están reglamentadas, ni se aplican, ni resuelven efectivamente los problemas que las originaron. Sin perjuicio de esto, el llamado para el presente es igualmente a “celebrar” y sostener lo que el Estado “brindó” al colectivo. Como ejemplo podemos volver sobre el comunicado mencionado más arriba, difundido por el “Frente Orgullo y Lucha” en ocasión de la Marcha del Orgullo 2022. El documento reconstruye en pocas líneas una trayectoria de liberación, destacando el rol de la administración estatal, e ingresa al presente con una invitación a celebrar:

Hoy celebramos un nuevo tiempo con ampliación y reconocimiento de derechos. Celebramos que con lucha, unidad y la voluntad política del gobierno nacional conquistamos el Decreto presidencial y Ley de Cupo e Inclusión Laboral Travesti Trans, el reconocimiento de las identidades no binarias en el DNI, el derecho al aborto legal, seguro y gratuito y un conjunto de políticas públicas con perspectiva de géneros y de erradicación de violencias por motivos de orientación sexual e identidad de género, las que se suman a las leyes de matrimonio igualitario e identidad de género. (Frente Orgullo y Lucha, 2022, s/p; itálicas mías)

Ya en el 2022 una de las organizaciones que luego se nuclearía en ese Frente, acompañaba la invitación a celebrar con un llamado a “defender lo logrado” para no volver atrás:

…hacemos un llamado a defender la institucionalización de las políticas de género y diversidad, la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la nación y la provincia de Buenos Aires, y de todas las áreas provinciales y municipales. (…) También se celebrarán [en la Marcha del Orgullo] las históricas conquistas… (100% Diversidad y Derechos, 2022, s/p; itálicas mías)

Los discursos hegemónicos que no reproducían este modelo oscilaban entre hacer énfasis en la búsqueda de un cambio social que debía seguir a estos cambios políticos, o señalar “lo que faltaba”, siempre dentro del ámbito de las leyes: alguna ley que no existe pero para la que ya llegará el turno. Poco y nada buscan estos activismos por fuera de la ley, menos aun por fuera del Estado. Una perspectiva así dejaba poco claro qué deparaba el futuro para un activismo cuyo único propósito parecía ser mantener el orden logrado tal como estaba. En los últimos años ya habían aparecido cada vez más advertencias frente a la amenaza de una “derecha conservadora”, pero ella siempre se ubicaba como algo que yacía por fuera del gobierno. En el contexto político actual (fines de 2023), cuando esa “derecha conservadora” tiene el mando en el Poder Ejecutivo, es evidente que la institucionalización de ciertas políticas está en riesgo. Pero el problema que me interesa señalar aquí es que esa amenaza nunca estuvo enteramente por fuera del Estado. El llamado a “defender lo logrado”, por el contrario, obturó durante muchos años la crítica sobre lo hecho y el impulso hacia un cambio más profundo y necesario: el de la mejora de las condiciones de vida (más allá de la inclusión simbólica) de las personas lgbt más marginadas. La precariedad misma de la institucionalización de las políticas lgbt sin dudas facilita su rápido desmantelamiento ante un giro político (conocido y anunciado) que entiende a la justicia social, incluso en sus versiones más retóricas y lavadas, como un problema a erradicar.

b. Figuraciones temporales

La filosofía de la historia puede ayudarnos a identificar algunos detalles de estos discursos y brindar pistas sobre distintas dimensiones políticas y epistémicas de las narrativas lgbt en un cierto momento y lugar. Podemos observar, por ejemplo, cómo se periodiza la historia de los colectivos lgbt, qué hitos se establecen como puntos de comparación o como parámetros de lo bueno y lo malo, quiénes son sujetos de esas narrativas y quiénes quedan afuera, qué se toma como evidencia del cambio histórico, o incluso qué se considera un cambio histórico relevante o que merezca ser recordado y narrado.

En el caso argentino hay cuestiones vinculadas, por ejemplo, con la periodización y los hitos temporales, que han sido fundamentales para la forma en que construimos y reconstruimos la identidad del colectivo lgbt local. Es común tomar a las dictaduras militares, particularmente las últimas dos (1966-1973 y 1976-1983), como puntos de comparación, y recortarlas tajantemente tanto de lo que vino antes como de lo que vino después y en medio de ambas. Como se señala en un comunicado conjunto de diversas agrupaciones para marchar en el aniversario del último golpe de Estado: “Sostenemos que el régimen iniciado el 24 de marzo de 1976 instauró no solo un autoritarismo político sino también moral” (100% Diversidad y Derechos, 2019; itálicas mías). Estas narrativas ubican en los años de dictadura la represión estatal, que en realidad en el caso argentino tenía importantes antecedentes en gobiernos electos democráticamente. Es el caso de la persecución política y violencia estatal durante el gobierno previo a la última dictadura, o una seguidilla de razzias (entradas violentas de las fuerzas represivas en un espacio de socialización gay, con detenciones masivas) durante el gobierno electo del General Perón en los años 1954 y 1955 (Insausti, 2015, p. 65).

Uno de los principales tópicos que sostienen estas trayectorias de progreso es la distinción entre una etapa represiva (ubicada en la dictadura militar) y una etapa de aceptación (ubicada en democracia e in crescendo hasta hoy). Esta distinción se sostiene para el tipo de sujetos que no son alcanzados por la selectividad del sistema represivo y penal en democracia. Como afirmó Gastón Brossio alias Waikiki, poeta del movimiento PVC (Pensadores Villeros Contemporáneos), “la dictadura no se fue: bajó de clase” (comunicación personal, marzo de 2017). Para las personas lgbt pobres, las marcadas para el descarte debido a su color de piel, las que viven en barrios marginales, la vida no es mejor ni más fácil. Por el contrario, aquellas narrativas triunfales llevaron a una merma en la masa crítica del activismo lgbt cuando se trató de reclamar, protestar o acompañar situaciones de marginación o de violencia, sobre todo cuando existe afinidad con la gestión política.

Pero hay algo más que no debemos perder de vista. Si ampliamos aun más el marco temporal, notamos que los parámetros de comparación (que permiten hablar de progreso cultural, simbólico y político) se dan siempre dentro de los siglos XX y XXI. Esto significa, entre muchas otras cosas, que las prácticas culturales y políticas previas a la invasión europea del continente, del mismo modo que las formas de agencia y organización política en espacios de resistencia tales como los “kilombos” o los palenques (Ramírez Beltrán, 2023), no son considerados parte de la historia colectiva. Como consecuencia, no se los toma como punto de comparación o de inspiración para una vida política otra, ni se incluye en la ecuación el daño que causó la colonialidad del género (y, en términos más amplios, la imposición de un sistema de pensamiento binario) en lo que hoy entendemos como sujetos lgbt.

En otras palabras, expandir el marco temporal y los grupos sociales incluidos en estas narrativas implica confrontar la realidad de que, en materia lgbt, el progreso puede sostenerse en todo caso dentro de un núcleo muy restringido de personas. Sólo puede hacerse en términos comparativos dentro de los siglos XX y XXI, y permaneciendo dentro de una lectura formal de los “derechos conquistados” en la letra de la ley y, en menor medida, de las sentencias de la justicia nacional.

c. Participación epistémica

A esto se suma un tercer punto que resulta fundamental para comprender cómo pueden circular estas historias, contra la evidencia disponible. Y con esto me vuelco al eje de las injusticias epistémicas. Como sabemos, las injusticias epistémicas se dan en el cruce de lo ético, lo político y lo epistémico, y se refieren al daño injusto producido a ciertos sujetos debido a su identidad o el lugar social que ocupan (López Cardona, 2022). Se trata de un daño que les afecta en tanto sujetos epistémicos, es decir, en sus capacidades de generar conocimiento, transmitirlo, participar en la elaboración de los parámetros para determinar qué es conocimiento y qué no, qué es evidencia, qué nos justifica a formar ciertas creencias, etcétera. Parte central de la injusticia epistémica es su incidencia en los juicios de credibilidad y de capacidad, que juntos hacen a la fiabilidad del sujeto. Y si tomamos a la injusticia epistémica como un fenómeno precisamente “injusto”, es porque esa merma en la fiabilidad no se debe a factores epistémicos, sino a variables que en principio deberían ser extra-epistémicas tales como la identidad, el color de piel, la clase, el acento con el que hablamos nuestro idioma, etcétera. Uno de los fenómenos derivados de la injusticia epistémica es la distribución inequitativa e injusta de la participación epistémica, por ejemplo en lo que las teorías poscoloniales han llamado la “división internacional del trabajo intelectual” (Chakravorty Spivak, 2003). Pero podemos pensarlo también en términos de división generizada del trabajo intelectual, por la cual se excluye a ciertos sujetos, debido a su género, de los círculos legitimados para la producción de conocimiento.

En lo que hace a la injusticia epistémica y las narrativas lgbt, mi hipótesis es que las historias de progreso dentro del colectivo son facilitadas por la desigual distribución de la participación epistémica que está detrás de su creación. Esto es: la exclusión de ciertos grupos del círculo de sujetos que generan y cuentan la historia colectiva. Las representaciones a las que me referí aquí suelen provenir o de funcionaries del Estado (que generalmente tuvieron una trayectoria como activistas lgbt a la par de su pertenencia política), o de integrantes de organizaciones no gubernamentales que suelen tener un rol importante en las políticas estatales o incluso cargos. Esto resulta en una falta de pluralidad en cuanto a las posturas políticas o experiencias diversas en la relación con el Estado, que resultaría problemática aun si hubiera pluralidad identitaria. De todos modos, esta última tampoco abunda: existe una predominancia de hombres cis gays y travestis, y hay también un fuerte centralismo en la Ciudad de Buenos Aires (en ocasiones compartido por dos o tres ciudades más). Como resultado, la mayoría de las narrativas históricas y análisis políticos sobre el pasado y el presente lgbt se generan en un entorno urbano en el área central de la Argentina, cuyo contexto es muy distinto respecto de otras locaciones. Hay también una ausencia casi total de personas con padecimientos en salud mental, o personas racializadas. Estos grupos suelen generar sus propios espacios, justamente debido a la marginación que experimentan en el activismo hegemónico y, por supuesto, en las instituciones estatales. Pero esta compartimentalización le hace poco favor al desarrollo de historias que sean realmente descriptivas de cómo vivieron y viven las personas lgbt en el país, y de cuáles son las tareas que tenemos por delante. Por último, la desigual alianza que mencioné al principio entre movimientos lgbt y movimientos feministas hace que con frecuencia las voces más difundidas sean aquellas del feminismo, generalmente el feminismo cis, que trae enfoques epistémicos y categorías que no son adecuados para atender la situación específica o las necesidades de muchos sujetos lgbt3.

Los primeros desarrollos sobre injusticia epistémica propusieron pensarla como un fenómeno de base identitaria, esto es, como un problema que, si afecta a sujetos individuales, es porque éstos forman parte – o son percibidos como parte – de un grupo socialmente marginado. Un recurso que suele proponerse como solución para este problema es, por consiguiente, incluir a personas de ese grupo social en los circuitos de generación de saberes, para que aporten esa perspectiva que hasta el momento habría sido ignorada. Veo aquí varios problemas. Primero, la identidad (por ejemplo, la identidad de género) de un sujeto nos dice poco sobre su posicionamiento sobre un cierto contexto político o evento histórico (Pérez, 2017). Por consiguiente, incluir a una persona marcada, por ejemplo, por su raza no necesariamente servirá para señalar el racismo persistente en las políticas lgbt. Y segundo, es importante entender a la identidad como un fenómeno social complejo, desde un enfoque multidimensional, y no como meramente tener una identidad (por ejemplo, una cierta orientación sexual). La representación identitaria se ve afectada por lo que Olufemi Táíwò (2022) llama “captura de élite”, que refiere a cómo en un cierto grupo identitario (en este caso las personas del colectivo lgbt) los roles políticos preponderantes y los lugares de toma de decisiones suelen ser cooptados por las personas más privilegiadas dentro de ese grupo (por ejemplo, personas de clases altas, personas neurotípicas, personas no señaladas por el sistema represivo estatal como peligrosas, etcétera).

En resumen, considerar simplemente que “incluir autorías lgbt” en nuestros diálogos para lograr análisis más adecuados y narrativas más fidedignas (y, por consiguiente, más útiles para determinar los pasos a seguir en pos de la justicia social), es olvidar cómo funcionan realmente las identidades en nuestra sociedad. Es decir, que son funcionales a la cooptación de las instituciones, tanto nacionales como internacionales, a la hora de desarticular las vetas radicales de los movimientos y reencauzarlas hacia proyectos más digeribles y compatibles con las jerarquías sociales vigentes.

4. MULTIPLICAR LOS PASADOS PARA EXPANDIR LOS FUTUROS

En este ensayo me propuse indagar en algunos factores políticos, historiográficos y epistémicos que pueden ayudar a comprender cómo se sostienen las narrativas de progreso lgbt. Vimos cómo hegemonía política y hegemonía epistémica se conjugan para producir representaciones que tienen efectos perjudiciales sobre las personas más vulneradas dentro de los colectivos sexo-disidentes, al obturar políticas de cambio real y estrategias comunitarias no estatales de transformación social. En el caso argentino, el reciente ingreso de la ultraderecha en el Poder Ejecutivo nacional evidencia las graves consecuencias de estas estrategias en toda su profundidad, y el peligro de haberlas sostenido desde los movimientos sociales durante años.

Más allá de la coyuntura actual, el desencuentro entre las representaciones que circulan sobre nuestro contexto y las condiciones de vida reales de muchas personas nunca es solamente una curiosidad académica. Tuvo y tendrá graves consecuencias sobre las vidas de muchas personas. Esto se muestra de forma evidente en relación con un tema que ha tomado considerable protagonismo en las críticas al feminismo en los últimos años: el del giro carcelario dentro de los feminismos y movimiento lgbt. El marco estatista y legalista al que me referí más arriba se enfoca con frecuencia en el ámbito penal. En conjunción con la agenda del feminismo, gran parte de las organizaciones y activistas lgbt han invertido en el sistema penal estatal como respuesta a algunos de los problemas que marcan su agenda: discriminación, violencia basada en el odio. Sin embargo, el incremento del aparato carcelario ha servido también para llevar a más personas lgbt a la cárcel, sobre todo a aquellas que, debido a las condiciones de marginalidad en las que viven (en parte a raíz de su identidad o expresión de género) deben recurrir a actividades ilegales para obtener un ingreso. Algo de esto se evidencia en una investigación de 2019 sobre mujeres trans y travestis encarceladas en espacios específicos para ellas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal y el de la provincia más populosa de la Argentina, Buenos Aires (Giménez, 2019). Allí se identificó una mayoría de migrantes latinoamericanas (principalmente de Perú, Ecuador, y Paraguay) que migraron a Argentina en busca de ese sueño que habían escuchado, sobre un lugar en el que las personas trans podían vivir libremente de acuerdo a su identidad, acceder a tratamientos médicos gratuitos de afirmación de género, a un cambio registral, al cupo laboral, entre otras cosas. Se encontraron, en cambio, con un sistema represivo finamente aceitado, que era mucho más rápido en captarlas de lo que les llevaba acceder a aquellos otros derechos. Lejos del modelo de la inclusión y el desarrollo pleno de sus capacidades y anhelos, los tres momentos de su paso por la Argentina solían ser: inmigración, encierro (en condiciones infrahumanas) y deportación.

Por detrás de todo esto, pero también entre sus consecuencias, llegamos a percibir algo de los usos políticos de la historia y la memoria para legitimar tanto a los movimientos como a las instituciones, y para ubicarnos como agentes actuales en determinados lugares simbólicos y materiales. Por esa misma razón, resalto la importancia de considerar a la historia y la memoria como factores al indagar en el funcionamiento de los activismos, en este caso el lgbt, y de la formación de una identidad colectiva. Lo mismo se encuentra en la coyuntura actual, cuando desde espacios progresistas se afirma que – debido al cambio de gestión estatal – “la resistencia empieza ahora”. Se establece así un quiebre neto con un pasado en el que no parecería haber habido nada contra lo cual resistir(se).

En la lectura que he presentado aquí, sostengo que lo que estamos haciendo es producir y circular narrativas que se suponen representativas de un colectivo, y que están planteadas en términos de progreso, haciendo caso omiso del hecho de que para muchos sujetos no ha sido en absoluto un progreso, sino quizás simplemente una sofisticación de las formas de exclusión. Ahora bien, ¿qué nos dice todo esto acerca del futuro? Las narrativas del pasado son entre muchas otras cosas vías de acceso hacia el futuro, en el sentido de que señalan qué es lo que esperamos que tenga lugar hacia adelante y qué no. Juegan un rol fundamental para determinar quién tiene lugar en ese porvenir que imaginamos, y para el que actuamos en el presente. En los casos bajo análisis aquí, lo que estamos haciendo indirectamente es excluir a aquellos sujetos del colectivo, en tanto podemos volver a afirmar un progreso histórico, y volver a aplicar tácticas legalistas, punitivistas, estatistas, aunque sabemos que muchas personas que se identifican como lgbt serán perjudicadas por esas medidas o sus consecuencias indirectas. En otros casos, son sujetos reenviados una y otra vez al futuro, a la sala de espera de la historia donde “ya les tocará” el momento de acceder a una vida digna como la que ya tienen sus congéneres más privilegiades.

Estas decisiones diagraman de alguna manera lo que imaginamos como la demografía del porvenir del colectivo. Es en este sentido que para poblar el futuro de real diversidad y pluralidad de formas de vida, formas de afecto, culturas y cosmovisiones hace falta multiplicar las narrativas, abrir las historias a la complejidad que tiene todo colectivo social que está atravesado por múltiples identidades, no sólo la sexo-genérica. Y apostar a formas que habiliten el cambio radical de nuestros modos de organización política. Las formas en que volvemos sobre el pasado, lo reconstruimos y lo narramos, y las formas en que lo traemos al presente a través del análisis y la evaluación de avances y retrocesos, juegan un rol fundamental en la apertura de esos futuros a cada vez más posibilidades4.